El protocolo recoge el acompañamiento a la entidad bancaria por parte de los trabajadores sociales y la realización de informes para el juzgado, la entidad financiera o los propietarios para conseguir la paralización o el aplazamiento.
También se contempla la renegociación ante las sucursales bancarias de las condiciones de pago de la hipoteca o negociar un alquiler con plazos de carencia o admitiendo la dación en pago.
Lo más importante de este protocolo es que contempla ayudas directas para las familias en grave dificultad económica con riesgo de perdida de la vivienda habitual y única con un pago de hipoteca de hasta 600 euros durante seis meses o el pago del alquiler con carácter temporal.
También se ofrecerán ayudas para el pago de Impuesto de Plusvalía, la búsqueda de empleo así como la exención del abono de los precios públicos de actividades deportivas y culturales.
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