La decisión del equipo de gobierno del PP se fundamentó en no arriesgar el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, los tres concejales del PSOE presentaron una querella contra Ignacio García de Vinuesa por prevaricación, malversación de fondos públicos, y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Consideraban que solo debieron de pagarse 13 millones por la recompra y que no se hizo caso a los informes técnicos. Tras dicha querella, García de Vinuesa fue imputado aunque siempre defendió desde el principio su inocencia. Ahora, el Juzgado número 2 de Alcobendas le ha dedo la razón.
Según el auto “no se acredita que el alcalde tenga ninguna relación con la empresa Sotohenar” y dice textualmente que “excluye dicha conducta como delictiva.” Destaca que Ignacio García de Vinuesa adquirió una situación “ya heredada” y que la decisión adoptada se basó en “intentar mantener los bienes dentro del dominio público y evitar que fueran adquiridos por terceros”. Insiste también en que “el procedimiento seguido, pasó todos los filtros administrativos y jurídicos”. Es decir, la operación fue totalmente legal y estuvo motivaba para salvaguardar el patrimonio de la ciudad.
De esta forma, se cierra un capítulo que durante dos años ha sido el arma arrojadiza del PSOE de Alcobendas contra Ignacio García de Vinuesa.
Comentarios