El auto del juzgado afirma que para poder considerarse prevaricación la resolución tendría que haber sido arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia. Recuerda que la plaza fue creada en 2001 y oportunamente publicada en el BOE, siendo cubierta interinamente por la funcionaria querellada “sin que respecto a dicho nombramiento haya objeción alguna”.
También afirma que “no consta que existiera ninguna relación con alguno de los miembros del Tribunal calificador” que adjudicó la plaza. Finaliza el juez afirmando que independientemente de las posibles irregularidades administrativas en que se pudiera haber incurrido, no hay indicio alguno de la comisión del delito de prevaricación.
El propio ex alcalde de la localidad, Jesús Sainz ha criticado que el ayuntamiento se haya gastado más de 30.000 euros en abogados en una querella “sin sentido” que la justicia ha archivado fulgurantemente “en menos de un mes”.
Comentarios