Dentro de una semana el alcalde de Alcobendas declarará como imputado por el caso Sotohenar
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa declarará el próximo viernes como imputado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas para los funcionarios por el denominado Caso Sotohenar. La denuncia, presentada por los socialistas, acusa al regidor de realizar una recompra irregular de terrenos, una operación por la que según el PSOE se habrían perdido 12 millones de euros de las arcas municipales.
- Actualidad - Alcobendas
- 12/11/2010 a las 19:26
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Dentro de una semana el acalde de Alcobendas declarará como imputado por el caso Sotohenar
Ignacio García de Vinuesa ha afirmado este viernes ante los periodistas que no va a defenderse porque el caso ya está en los tribunales y será ante ellos donde explique los términos de una decisión que en todo momento buscó preservar los intereses del ayuntamiento.
El regidor popular ha criticado la utilización electoralista que el Partido Socialista está protagonizando con este caso y recuerda que fue el propio gobierno municipal quién informó a los medios de comunicación sobre su aceptación a trámite.
Así mismo, el regidor ha insistido en que el adelanto de la comparecencia, prevista en principio para diciembre, se ha adelantado al próximo 19 de noviembre por petición propia del gobierno municipal.
El Partido Socialista presentó esta querella en el mes de mayo contra el regidor por recomprar unos terrenos de Sotohenar a través de EMVIALSA, perdiendo, según el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, 12 millones de euros de las arcas municipales.
El Caso Sotohenar
Como ya le contamos en SER Madrid Norte, en el verano de 2009 el ayuntamiento deshizo una actuación iniciada en la anterior legislatura con la promotora SOTOHENAR a la que se habían “adjudicado en venta” dos parcelas situadas en el Juncal por un importe de 13 millones de euros y la construcción de un edificio de oficinas incluido en el convenio como “especie”.
El equipo de gobierno (PP) justificó esta decisión con el riesgo declarado por la empresa de entrar en suspensión de pagos lo que ante el incumplimiento de sus obligaciones financieras podría haber provocado la ejecución de la hipoteca de la parcela por parte de la entidad bancaria.
La decisión del equipo de gobierno fundamentada en no arriesgar el patrimonio de la ciudad, fue rechazada por el Partido Socialista que denunció que la recompra de las dos parcelas se realizó al mismo precio que en 2007 pese a la caída del sector inmobiliario.
En la denuncia presentada en mayo y aceptada a trámite en el mes de septiembre, los socialistas afirman que el gobierno municipal recompro las parcelas sin esperar una nueva tasación y con el informe en contra de la interventora municipal. El PSOE habla de un beneficio claro para la empresa y una perdida para las arcas municipales de 12 millones de euros.
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