Comisiones Obreras ha informado sobre la quinta sentencia que condena al ayuntamiento por la imposición de servicios mínimos ilegales, en este caso en el Patronato Municipal de Deportes. Esta resolución judicial favorable para el sindicato se suma a dos sentencias similares en el Patronato Sociocultural en las huelgas de junio y septiembre de 2010. El 29 de marzo de este año, el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 23 condenó, en esta ocasión por los servicios mínimos impuestos del ayuntamiento y del Patronato de Bienestar Social a indemnizar con mil euros a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Estas tres sentencias fueron recurridas por los servicios jurídicos municipales, la primera de ellas ha quedado resuelta por otra resolución judicial que condena a costas al ayuntamiento.
Desde la sección sindical de Comisiones Obreras en el consistorio, Mariano Cañas ha celebrado la llegada de una nueva sentencia que reconoce el abuso del equipo de gobierno a la hora de marcar los servicios mínimos y espera que no se siga “tirando dinero público” recurriendo estas decisiones judiciales.
El equipo de gobierno respeta aunque no comparte la decisión de los jueces aunque insisten en que sus decisiones se fijan para garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos, especialmente en aquellos tan sensibles para la población como las escuelas infantiles o la atención a mayores. Insiste en que con el fin de garantizar el derecho a huelga de los trabajadores en junio de 2010 se llego a un acuerdo con las centrales sindicales en el establecimiento de servicios mínimos en todos los casos salvo en el Patronato Sociocultural. Acusan a CCOOO de deslealtad con la institución cuando impugna la fijación de los servicios mínimos negociados previamente.
En el caso de la huelga del mes de septiembre del año pasado, el ayuntamiento explica que los sindicatos no asistieron a la reunión para fijar los servicios mínimos y dos días antes de la jornada comunicaron que “no negocian”.
Se insiste desde el equipo de gobierno que su obligación es velar por los intereses de los ciudadanos y de los trabajadores buscando un consenso necesario que no se alcanza por la falta de voluntad negociadora de los sindicatos.
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