El Senado incorporó a la ley una sola enmienda que hubiera permitido en el área de especial protección actividades o aprovechamientos compatibles que se estuvieran realizando actualmente. Tanto el PP como el PSOE han votado en contra de incorporarla atendiendo a las reivindicaciones de los ecologistas en este punto concreto.
Ahora la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León tienen un año para crear los órganos de gestión. Ambas administraciones han vuelto a destacar que este Parque Nacional supondrá un revulsivo para el turismo medio ambiental.
El gobierno madrileño espera duplicar las visitas actuales – 1,8 millones-, para ello cuatro centros de atención al visitante situados en Manzanares, Puente del Perdón, Valle de la Fuenfría y Cotos- gestionarán las veintiunas áreas recreativas y los 800 km de rutas, sendas y caminos que ha proyecto el gobierno regional.
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