La situación es complicada. Por un lado, se anula el pleno de 2008, con lo que las cuotas tributarias y tarifas en vigor a día de hoy serían las que estaban establecidas hasta esa fecha. El Ayuntamiento debería devolver unos 500.000 euros. Para entendernos, cerca de 10 euros por cada recibo del IBI cobrado en 2009 y 2010, y unos 18 por los del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de esos años. Desde el Ayuntamiento aseguran que económicamente tienen las cuentas saneadas y podrían devolver el dinero. Sin embargo, el dilema está en que si éste es devuelto, se tendrían que actualizar todas las cuotas. O sea, que el vecino también debería devolver las ayudas por compra de vehículos, familia numerosa o nuevos proyectos empresariales. El otro aspecto a tener en cuenta es que para que la devolución del dinero sea efectiva sólo será posible si lo determina un juez en sentencia firme. Cosa que no ha sucedido.
¿Cómo queda ahora la situación? Lo primero es que, a partir de ahora, se abonarán las tasas e impuestos con las tarifas establecidas en 2008. El Ayuntamiento tendrá menos dinero, al recaudar menos. Segundo, se retirarán las bonificaciones del IBI, el Impuesto de Actividades Económicas, y el de vehículos. Y la incógnita está en saber si el juez ordenará que se devuelva el dinero cobrado de más o no.
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