Los trabajadores sociales realizan periódicamente inspecciones a cada vivienda que posee el Ivima en la región para comprobar que los inquilinos beneficiarios de este tipo de viviendas sociales cumplen lo establecido en sus contratos. Entre otras cosas se comprueba que las casas no hayan sido subarrendadas o que el mantenimiento de los inmuebles es correcto.
En el pasado año se detectaron 269 irregularidades, llevándose a cabo 76 desalojos. En aquellos casos en los que los titulares de una vivienda del Ivima generan gran conflictividad vecinal, se les propone para que no se les renueve el contrato. Como consecuencia de la detección de casos de carácter social también se han activado los mecanismos de derivación a otros organismos especializados en función de la situación detectada a los servicios sociales de diversos ayuntamientos, como en el caso de San Sebastián de los Reyes en la zona norte.
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