Tras la disolución de la empresa que gestionaba estos pisos de alquiler construidas en suelo municipal en el verano de 2013, algunos de los inmuebles fueron ocupados. Los inquilinos legítimos han denunciado durante meses desde venta de droga, robos, destrozos y basura en las zonas comunes y ruidos a cualquier hora de la noche.
La mayoría de los inquilinos que vivían allí legalmente acabaron por abandonar el edificio mientras que los pocos que han quedado han denunciado el “infierno que sufren cada día”. Su esperanza estaba puesta en la actuación de la Policía Local, a la que han reconocido su labor, pero sobre todo a un proceso judicial, tardío de inicio por que la empresa dueña de los inmuebles no denunció. La única solución, afirmaban los vecinos afectados es “que sean desalojados”.
Ahora el Juzgado número 4 de Alcobendas está llamando a declarar en calidad de imputados a los moradores ilegales de estas viviendas situadas en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de Alcobendas. Agentes Administrativos de la Policía Local han entregado ya 24 notificaciones. La Policía Local y los servicios de salud y urbanismo han trasladado al Juzgado más de cien actuaciones para que iniciara los procedimientos judiciales.
El portavoz del gobierno municipal, Ramón Cubián ha insistido en que han estado trabajando en una solución que respetara la ley y ha recordado una vez más que “no se puede desalojar sin orden judicial”.
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