El ayuntamiento de Alcobendas ha explicado que en septiembre de 2009 se aprobó en el Consejo de Administración de EMVIALSA y con el apoyo de Izquierda Unida y los sindicatos UGT y CCOO una reforma del reglamento que rige el alquiler de viviendas municipales. El objetivo era beneficiar a las rentas más débiles, rebajando el margen inferior de la renta y abriendo la posibilidad a presentar avalistas y manteniendo el superior. Todos los que no llegaban pudieron prorrogar de esta forma.
Con la reforma del reglamento se modificó la referencia de cálculo de ingresos superior, del SMI desfasado al IPREM, mayorado con un coeficiente regulador del 16,08% que compensaba el desfase entre ambas referencias. Se fijó por tanto la referencia máxima de 3,5 veces el IPREM y tan sólo siete familias quedaron fuera de los requisitos por superar estos ingresos máximos.
Seis de ellos no abandonaron la vivienda en el plazo concedido y EMVIALSA plantea demandas de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo contractual.
Los vecinos de la calle Carlos Múñoz Ruiz presentaron un recurso solicitando que se declarará la preponderancia de las prorrogas por otros 5 años y que el límite del IPREM se fijara en 7,5. La justicia les dio la razón en primer término y ahora tras el recurso del ayuntamiento y EMVIALSA, aunque rebajando el límite de ingresos máximos a 5,5 el IPREM.
El ayuntamiento respeta la decisión judicial, es más desde hace dos años aplica el nuevo límite de ingresos máximos, pero insiste en que el anterior reglamento con una barrera de 3,5 veces el IPREM tenía un mayor objetivo social y de protección a las familias con más necesidades.
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