El pleno ha comenzado guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. Tras ello se ha aprobado la adhesión del ayuntamiento de Alcobendas a la campaña de UNICEF "Yo pido un pacto". Pero, sin duda, el punto central ha sido la reprobación a José Caballero. Hay que recordar que el ex alcalde gastó 17.635 euros del 9 de enero al 1 de octubre de 2003 con una de las llamadas tarjetas opacas de Caja Madrid. Un hecho que negó a la SER y al propio Ayuntamiento en reiteradas ocasiones. Tras hacerse público, fue reabierta la comisión de investigación que se creó para estudiar su papel como consejero en este banco.
La comisión considera que Caballero utilizó su tarjeta en beneficio propio y no para ayudar a la ciudad que representaba, acusándole de faltar deliberada y gravemente a la verdad. Por ello se decidió hace unas semanas "la más absoluta y contundente reprobación" a su actuación al considerar que ésta “mancilla el buen nombre” de Alcobendas, pedir que deje su acta de concejal, y que se retire su nombre a cualquier espacio público que lleve su nombre. Una reprobación que ha sido ahora llevada al pleno y que todos los grupos políticos han votado a favor. Algo que ha provocado que Cabalero se marchase airadamente del salón de plenos.
Todos los grupos han aprobado también una serie de enmiendas con el fin de que las ayudas al pago del IBI de la vivienda habitual abarquen a un mayor número de colectivos y ciudadanos. Se amplía de esta forma el llamado IBI social.
El PSOE ha presentado además una moción, que ha sido rechazada, relativa a unas viviendas sociales de alquiler de EMVIALSA. Una propuesta que buscaba la renovación de la concesión a las familias que, ante la situación de crisis, no están al corriente de pago. El equipo de Gobierno asegura que se mejoraron las condiciones para ayudar a más familias, y que los inquilinos tienen que cumplir una normativa y no pueden saltársela. También han apuntado que se buscó una solución para seis familias que no cumplían.
Por su parte, UPyD ha presentado una moción, también rechazada, que incluía un paquete de doce medidas contra la corrupción. Iniciativa que buscaba el compromiso de las fuerzas políticas para impedir que imputados vayan en listas electorales y para evitar la contratación de familiares en las instituciones públicas. El PP ha tachado la iniciativa de populista y poco seria.
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