Su portavoz, Narciso Romero, asegura que el sistema de reparto pretende remunerar de manera contraria a las leyes de la Función Pública el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que los trabajadores del ayuntamiento desempeñan su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. Según los socialistas, “lo que el PP ha impuesto a los empleados es claramente un sistema de evaluación del desempeño, esto es, un procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento de los mismos”. En este sentido, recuerdan que para objetivar el cálculo y reparto de la productividad “ha de estarse en base a lo regulado en la ley de aplicación, y este sistema se separa radicalmente de aquellos criterios”.
Romero asegura con la medida adoptada unilateralmente por el gobierno del PP se producirá menoscabo en los derechos de los empleados públicos, al no adecuar el procedimiento a los criterios de transparencia, objetividad e imparcialidad dispuestos en la ley.
Comentarios
JOSE dice:
¿no es esto algo parecido a lo sucedido en Alcobendas?¿o igual?
lunes, 13 de mayo de 2013 a las 14:13