Los alcaldes recuerdan que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Además, afirman que son las únicas administraciones que están disminuyendo su nivel de endeudamiento. Por tanto “no se puede justificar con argumentos económicos o financieros”.
Para los alcaldes los ayuntamientos son base para la atención del ciudadano que se acerca a su administración más cercana y responsable de servicios públicos que cubren necesidades básicas en ámbitos como la educación o los servicios sociales. Rechazan “la intención de privatizar su gestión o crear nuevos pagos o copagos” en unos servicios que verán reducida su calidad.
Los alcaldes denuncian que no se respetan las competencias municipales, no se tienen en cuenta los principios de proximidad y equidad y atentan contra la autonomía municipal al otorgar mayor poder a las Diputaciones.
El modelo propuesto por el gobierno de Rajoy significará a su entender una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos.
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