Izquierda Unida asegura que se trata de una injerencia injustificada de lo religioso en el ámbito de la Administración Pública. Por otro, apunta a que se vulnera la Ley de Capitalidad. En concreto su artículo 31, en el que se explicita que el Ayuntamiento prestará los servicios que no estén expresamente atribuidos a otra Administración Pública. En su opinión, no corresponde encomendarlos a servicios complementarios, como prevé la ley, porque las terapias que se prestan en este Centro de Escuchas son objetivo de los centros autonómicos de salud mental y, por tanto, se duplicarían.
El partido considera que "llueve sobre mojado, ya que en 2012 esta misma orden religiosa fue contratada por el área de Servicios Sociales como entidad formadora de lo que, en principio, iban a ser unas jornadas de trabajo con los trabajadores sociales para elaborar un plan de atención social primaria. Al final acabó siendo, según los participantes, una actividad formativa sobre prevención y atención de problemas de la vida cotidiana o conflictos relacionados con crisis vitales que, casualmente, es uno de los servicios que ofrece la mencionada orden”.
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