Izquierda Unida indica que la situación de las bibliotecas públicas ya es complicada por los recortes presupuestarios que han reducido significativamente la actualización de sus fondos. Si a ello sumamos el canon aprobado por el Gobierno central se pondría en peligro su sostenibilidad.
La norma, exigencia de la Unión Europea, marca que será una entidad de gestión de derechos quién recibirá el dinero recogido en las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes. IU denuncia que serán los presupuestos de los ayuntamientos - sus bibliotecas municipales representan el 96% de la red - los que asuman el coste en uno de los peores momentos económicos.
También rechazan esta medida la Asociación de Bibliotecarios de Madrid y ANABAD, la federación nacional de bibliotecarios. El canon se impone también a museos, hemerotecas o filmotecas, siempre que sean públicos, aunque deja fuera a los centros docentes.
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