El 28 de enero de 2008, el pleno municipal de Hoyo de Manzanares vivía una moción de censura llena de polémica. Los concejales del Partido Independiente Popular de Hoyo, los del PSOE y los de IU presentaban una moción al gobierno municipal formado por el Partido Popular y la Agrupación Independiente. El problema fue que a la hora de votar, una concejala independiente, Carmen Torralba votaba inicialmente “no”, aunque rápidamente rectificó y dijo “si”, pero no fue tenida en cuenta por el secretario municipal y los votos no fueron suficientes.
En enero del año 2009, el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid dictaba una sentencia en la que se determinó la vulneración de los derechos fundamentales de la concejal “despistada” y por tanto daba por buena la moción del censura. El entonces alcalde del Partido Popular, José Antonio Antolínez, ejecutaba la sentencia, aceptaba la moción de censura y abandonaba el gobierno municipal, que pasaron a ocupar los concejales que promovieron la moción encabezados por José Ramón Regueiras del PIPH.
Hace tres meses era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitía una sentencia firme no recurrible en respuesta a la apelación del ex alcalde, en la que revoca la anterior sentencia y determina la validez del pleno en el que la moción de censura no prospero.
El ex alcalde y actual portavoz del Partido Popular, José Antonio Antolínez ha recordado que se ha cumplido el plazo para la ejecución de la sentencia y sin embargo Regueiras continúa al frente del consistorio. Antolínez ha realizado un requerimiento para que, cumpliendo con la sentencia, Partido Independiente Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida abandonen la alcaldía y vuelva a manos del Partido Popular y la Agrupación Independiente.
Si la sentencia se ejecutase, José Antonio Antolinez sería el alcalde de un gobierno en minoría, con sólo cuatro concejales, frente a nueve de la oposición.
Según el gobierno municipal la propia jueza admitió el trámite de un recurso de revisión de sentencia que aún tiene que resolver el Tribunal Supremo. Según el alcalde actual, José Ramón Regueiras el TSJM emitió la sentencia basándose en una acta de pleno que no correspondía con la aprobada ni la publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Según el gobierno municipal ya se ha presentado una denuncia por falsedad documental.
Regueiras entiende que podría cambiar el sentido de la resolución judicial y está esperando el dictamen del Supremo. Afirma que si llegará de forma oficial el testimonio de la sentencia definitiva abandonaría el gobierno inmediatamente.
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