En este sentido, la CECU reuerda que más del 50% de la factura de la luz se va en impuestos, muchos de los cuales se deben a decisiones políticas. De entre ellas, destaca también el llamado servicio de interrumpilidad, cuya subasta se celebró entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. La entidad denuncia que se trata de un sistema creado para los grandes consumidores de energía que no se ha utilizado desde 2009, a al que se han destinado 500 millones de euros al año, más de 3.000 millones hasta la fecha, amortizados por los consumidores en cada factura. Es hora, dicen, de acabar con el hábito de incluir en el recibo de la luz los problemas que los diferentes gobiernos afrontan.
Otro de los problemas que siguen preocupando a los consumidores, según la CECU, es la situación con los nuevos contadores inteligentes, los cuales continúan generando problemas y escenarios de presunto fraude que las compañías siguen sin fundamentar adecuadamente.
Para conocer más sobre la sustitución de contadores, su despliegue, cómo funcionan y cómo utilizarlos mejor, CECU ha puesto a disposición de los usuarios en su web un especial.
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