Con estos convenios se establece un marco de cooperación con las asociaciones de consumidores para la ejecución de actuaciones de información, gestión de sistemas de resolución amistosa de conflictos entre los consumidores y los empresarios y fomento del Sistema Arbitral de Consumo. La Comunidad elaboró en 2004 un Plan Integral para la Protección al Consumidor que recoge entre sus objetivos potenciar la implicación de las entidades locales en la política de consumo. Ello se establece a través de las Oficinas municipales y regionales de información al consumidor.
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