Desde CESIDA consideran que la falta de asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares con VIH supone un problema de salud pública que afecta a los derechos básicos y genera graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria a medio y largo plazo. Según las estimaciones, en España entre el 65% u el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerán su infección, mientras que entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir tratamiento antirretroviral. Y cuando se deja de tomar la medicación, denuncian desde CESIDA, el virus empieza a multiplicarse y las personas pasan a ser más infectivas, de modo que los expertos calculan que en un solo año se producirán hasta 580 nuevos casos, que se sumarían a los que existen anualmente en España. Juan Ramón Barrios es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida.
Juan Ramón Barrios es miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, afirmaba en Hoy por Hoy Madrid Norte que retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades, en este caso, en materia sanitaria. La propuesta de pago para los inmigrantes irregulares supone, tal y como denuncian desde CESIDA, un bache inasumible para muchas personas, un paso más hacia la privatización de la sanidad pública y numerosas complicaciones hospitalarias en todo el país.
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