La Fiscalía de Medio Ambiente ha imputado un delito contra la ordenación del territorio al alcalde de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera solicitando tres años de prisión y una fianza de 80.000 euros como aval para las medidas reparadoras de demolición y restauración del medio natural. La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya ejerce como acusación particular y ha solicitado cuatro años de prisión, e inhabilitación para profesión y oficio, así como para el ejercicio de la actividad pública, además de una fianza de 100.000 euros.
La Fiscalía le acusa del delito de transformar varías vías pecuarias -la Cañada de la Calerizas, la Colada de San Sebastián y la Colada del Chifladero- en calles y accesos de la urbanización “Los Tomillares”. Desde Ecologistas en Acción que de mano de la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya están personados como acusación particular, han insistido en que los diferentes recursos interpuestos por el imputado y que han alargado el procedimiento doce años les han ido dando la razón.
El caso se abrió tras la denuncia de los agentes forestales de la zona ante la Comunidad de Madrid, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Torrelaguna. Los hechos sucedieron en 2001, un año antes de que la zona sufriera un grave incendio.
El alcalde de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera ha sido además durante estos años secretario municipal de al menos siete municipios y seis mancomunidades de la Sierra Norte de Madrid.
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