La justicia da la razón al alcalde de Torremocha del Jarama sobre la ocupación de vías pecuarias
La sentencia confirma los argumentos de la defensa del alcalde independiente de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera que afirmaba que el viario público iba por encima de la vía pecuaria, que se estaba dando una solución de servicios a una zona urbana desde los años 80 y que la Comunidad de Madrid aprobó el planeamiento urbanístico. La sentencia de esta denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción puede ser aún recurrible.
- Actualidad - Torremocha de Jarama
- 17/09/2013 a las 14:39
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La justicia da la razón al alcalde de Torremocha del Jarama sobre la ocupación de vías pecuarias
La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya de mano de Ecologistas en Acción llevó este caso ante la justicia con el objetivo de reparar el daño causado en las vías pecuarias. Según los ecologistas, están asfaltadas y dan servicio a la urbanización Los Tomillares-El Jaral del Pajarito extendida entre los términos municipales de Torremocha y Torrelaguna y cuyos orígenes se remontan a la construcción ilegal de viviendas en los años ochenta.
En el año 1997, la Comunidad de Madrid decidió regularizarla, la Consejería de Urbanismo aprobaba además modificaciones del planeamiento urbanístico de ambas poblaciones. En el año 2002 el regidor de Torremocha, Carlos Rivera inicia una serie de obras para acondicionar la urbanización. Se canalizó el agua potable en la vía pecuaria Colada del Chifladero, se levantaron casetas en las vías pecuarias Colada de San Sebastián y Colada de Calerizas, en las que además se asfaltaron y urbanizaron más de dos kilómetros de las propias vías para crear los accesos a la urbanización. La fiscalía solicitó tres años de cárcel y unos 80.000 euros que sería el coste estimado necesario para devolver a su estado original las vías pecuarias.
Ahora los tribunales afirman que el viario público va por encima de la vía pecuaria, que las obras se realizaron para dar servicios a una zona en la que hay viviendas construidas desde los años 80 y que desde el ayuntamiento se hizo lo que la Comunidad de Madrid y las normas urbanísticas dictaban.
La sentencia no es definitiva y podría ser recurrida por Ecologistas en Acción.
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