A partir del 1 de septiembre los inmigrantes irregulares sólo podrán recibir atención en urgencias y habrá copago en ambulancias no urgentes. Una limitación que no afectará a embarazadas y menores de 18 años. Además, según el Real Decreto publicado esta semana en el BOE, los miembros de la Unión Europea que quieran residir en España deberán tener un seguro y a los turistas sanitarios se les exigirá una residencia de tres meses. Medidas del gobierno de Rajoy que han levantado la polémica y la dura crítica de colectivos sanitarios y tejido social.
Entre las voces que se alzan en contra de esta medida de austeridad del gobierno del Partido Popular se encuentra la del médico de familia, Javier Larrañaga, quien ante los micrófonos de SER Madrid Norte ha calificado este recorte de excluyente. Un precedente que generará desigualdad y que, al contrario de lo que se pretende, aumentará los gastos, ya que las urgencias son más caras que la atención primaria.
Asimismo, el doctor alerta del riesgo para la salud pública que generará la propagación de enfermedades infectocontagiosas no tratadas adecuadamente.
Por su parte, Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo, califica la medida de antidemocrática ya que vulnera el derecho a la salud universal que contempla la Constitución Española, además de dar un paso en el desmantelamiento del estado de bienestar.
Unas medidas que enfrentan a la población cuando todos somos víctimas de los mismos recortes, como ha añadido Ramírez, por lo que no se descartan movilizaciones.
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