UPA pide la aprobación de una “Ley de la Agricultura Familiar” que contemple medidas de apoyo, prioridad y preferencia a la agricultura familiar y la remuneración de los bienes públicos aportados, así como la creación de un “Observatorio de la situación y evolución de la agricultura familiar”.
En segundo lugar, los pequeños agricultores y ganaderos piden que la ley asegure contratos para todos los sectores agrícolas y ganaderos, y una revisión del modelo de Política Agraria Común. También afirman que el Gobierno debe apostar por un Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 que cuente con la incorporación de jóvenes, planes de mejora en explotaciones, modernización de regadíos, asesoría de explotaciones, zonas desfavorecidas, agricultura ecológica y una medida agroambiental a favor de la ganadería extensiva, como afirma su secretario general, Jesús Anchuelo.
Según Anchuelo es necesario mejorar en entorno rural, a través de estrategias de fomento de desarrollo rural y de ordenación territorial con objeto de facilitar la calidad de vida, la residencia y la actividad económica, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, en particular de jóvenes. Para ello es necesario promover la mejora de servicios, transportes, comunicaciones y equipamientos, así como la oferta educativa, cultural y asistencial en el medio rural; impulsar el uso de las nuevas tecnologías de información; fomentar la formación; apoyar la diversificación de actividades en el medio rural. Todo para conseguir el relevo generacional.
Asimismo, UPA pide a los partidos políticos que se presenten al gobierno nacional a que brinden más apoyo para los seguros agrarios, control de precios, planificación de los recursos de agua para regadío, acuerdos por otros países para la exportación y el fomento del cooperativismo; además de la reducción de intermediarios y protección del medioambiente. Para lo que insisten en promover medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático.
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