La Plataforma Ciudadana por la Gestión Pública y Directa del Agua cree que no hay argumentos reales, ni económicos, ni técnicos, ni sociales que justifiquen la firma de estos convenios con el Canal de Isabel II. Creen que de esta forma se está vendiendo el agua municipal a una entidad que les cobrará después un alquiler por los servicios y unas altas tarifas por consumo. Liz Aguirre, portavoz de la plataforma afirma que a partir de ahora los vecinos pagarán hasta diez veces más por este servicio esencial.
La plataforma cree que además se pierde el control de la gestión durante los cincuenta años de duración del convenio, que se crean gastos que antes no tenían – como el consumo de agua en las instalaciones municipales- y que se pierden oportunidades de crear puestos de trabajo en ejecutar de forma directa las necesarias mejoras del suministro.
La iniciativa popular -firmada por 685 censados y 300 residentes de los 1200 habitantes de Rascafría- recoge además que este asunto se someta a consulta popular entre los vecinos.
Desde el gobierno municipal, su alcaldesa Ana María García ha afirmado que el convenio se ha firmado con todos los requisitos legales y aprobado por el pleno municipal. Justifica la firma en la necesidad de afrontar varios problemas acumulados; la deuda de la depuración de las aguas y el mal estado de la distribución y alcantarillado, de las que se encargará el Canal Isabel II sin coste para los vecinos. Insisten además en que el suministro del agua de la presa es de gestión directa municipal y que seguirá siendo un 30% más barata que en los municipios vecinos.
El ejecutivo cree que el modelo actual era insostenible e insolidario puesto que todos los vecinos pagaban lo mismo sin tener en cuanta el consumo – los contadores han comenzado a instalarse tras la firma del convenio con el Canal- y además no se cubrían los costes reales del servicio.
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