Hace aproximadamente diez años, estos vecinos comenzaron a vivir en estas viviendas de alquiler construidas en suelo municipal. Sin embargo, en 2013, la empresa responsable de los pisos entró en un proceso de disolución y dejó de responsabilizarse de su gestión. Ello hizo que desde el verano pasado varios bloques de la calle Francisco Largo Caballero, 26 fuesen ocupados ilegalmente por personas que presuntamente se dedican a la delincuencia, desde la venta de droga, a los robos de electrodomésticos. Gente que ha hecho imposible la convivencia y que ha destrozado las zonas comunes, deposita la basura en todas partes, o hace ruidos a cualquier hora de la noche.
La situación es tal que la mayoría de inquilinos que vivían allí legalmente han acabado por abandonar su casa. Los pocos que quedan han relatado el “infierno que están sufriendo”. Agradecen a la Policía la ayuda prestada, pero apuntan a que la única solución es el desahucio de los ocupas. Al ser una comunidad privada, el único que tiene competencia para actuar allí es un juez. Mientras, el foco de inseguridad y delincuencia será muy difícil de cortar.
Los vecinos cuentan que su día a día allí es imposible de sobrellevar. Su miedo es tal que han pedido que no se revelen sus identidades. Se ven obligados, dicen, a vivir entre basura, zonas comunes rotas, peleas, amenazas e insultos, trapicheo de drogas, y ruidos insoportables. Desesperados, en unos días se marcharán de sus viviendas al considerar insostenible esta realidad. Avisan de que “cualquier día puede pasar algo grave” y que esta ocupación afectada a tona la zona de Valdelasfuentes y Fuentelucha donde dicen que “los robos se han multiplicado” por culpa de ello.
Estas personas, impotentes, piden a la Justicia que se ponga manos a la obra cuanto antes. Apuntan a que “el problema no es sólo nuestro, sino para toda una zona de Alcobendas”
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