Más de 400 alegaciones entierran la polémica Ordenanza de Convivencia de Guadalix

Izquierda Unida de Guadalix de la Sierra declara suspendida la polémica Ordenanza de Convivencia Ciudadana al amparo de la Ley de Administraciones Públicas. Por medio de un escrito registrado en el Ayuntamiento de Guadalix, el concejal de IU-Los Verdes, James Bényei, lo ha anunciado. También denuncia la táctica del gobierno del PP de no facilitar a la oposición la información que solicitan legalmente, para impedirles la posibilidad de que acudan a los tribunales.

Actualidad - Guadalix de la Sierra - Otras localidades

09/11/2011 a las 18:45

» Teatro, cortometrajes y una mesa redonda entre los actos del 25N

» Vídeos de jóvenes de la Vega del Guadalix protagonizan una campaña contra la violencia de género

» Los vecinos de Soto del Real, Manzanares, Guadalix y Miraflores están llamados a participar en la Marcha por el Cercanías

Al no contestar en 30 días al requerimiento de una resolución específico sobre la irregularidad de las votaciones plenarias, IU-Los Verdes se dirige de forma contundente al alcalde en su escrito para que cumpla el artículo 111.3 de la Ley de Administraciones Públicas, por el que se entenderá suspendida la ejecutividad de todos los acuerdos plenarios del 25 de agosto, ante las más de 400 alegaciones presentadas por la ciudadanía.

El portavoz de IU-Los Verdes, James Benyei, felicita a los ciudadanos por su reacción contra casi cada artículo de la Ordenanza de Convivencia, ya que gracias a la movilización ciudadana y al trabajo del Movimiento 15-M se han conseguido presentar más de 400 alegaciones que finalmente han enterrado esta polémica ordenanza que recortaba los derechos de manifestación, concentración y libertad de expresión. Por ejemplo, prohibía juegos, dibujos, asambleas populares y acampadas protesta, así como cantar, bailar, tocar instrumentos en un parque o darse un masaje y tumbarse en un banco.

Además, el concejal ha registrado cuatro mociones para el próximo pleno y dos escritos más: uno que recurre la decisión del gobierno del PP de ocultarle el número de alegaciones contra la Ordenanza, y otro solicitando fotocopias de dos documentos significativos sobre asuntos urbanísticos para averiguar posibles delitos. Ya que el gobierno al complicar el acceso a dicha información impide la posibilidad de la oposición de llevarlo a los tribunales, denuncia Benyei.