Hace nueve años, Beatriz Casado, de 39, casada y con dos hijos de 6 y 11 años, adquirió una casa en El Casar. La hipoteca con Kutxabank, fue avalada por su madre, Hilda García, viuda y con una pensión de poco más de 400 euros. Con el paso del tiempo, la situación económica de la familia empeoró. Aunque Beatriz trató de negociar con el banco, éste se negó a buscar una solución, aseguran. Ella y su marido se acogieron a la moratoria de dos años que posibilitó el Gobierno, aunque actualmente viven bajo amenaza de desahucio, pero aún no tienen fijada la fecha. Su drama, sin embargo, va mucho más allá. La entidad bancaria les reclama más de 110.000 euros, además de quedarse con su casa y la de su madre. El jueves estaba fijado el desalojo de ésta pero el juez ha paralizado el desalojo en el último instante a instancias de la entidad bancaria.
Ahora, esta familia podrá respirar hasta el 15 de julio. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca aseguran que ha sido la presión popular la que ha obrado el milagro y se sienten decepcionados con el papel que, tanto los servicios sociales del Ayuntamiento como los partidos políticos, han tenido en este asunto.
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