Según la información publicada por la Agrupación Independiente de San Agustín de Guadalix (AISA), principal partido de la oposición, el alcalde se encuentra inmerso en un proceso judicial que se está desarrollando en el Juzgado Nº 1 de Alcobendas. Un alto funcionario municipal, afirma AISA en su comunicado, denunció al alcalde Juan Francisco Figueroa en el mes de agosto. La querella presentada, ha sido admitida a trámite por los presuntos delitos de acoso laboral, injurias, revelación de secretos, prevaricación y delito contra la integridad en ámbito laboral y coacciones. El actual alcalde de San Agustín de Guadalix, Juan Francisco Figueroa, tendrá que volver a declarar, ya lo hizo el pasado 14 de noviembre, el día 13 de enero para responder ante esta denuncia.
Según la información que ha publicado AISA, el funcionario acusa al regidor de pretender impedir la imparcialidad de sus informes y que estos se adaptaran a sus propias pretensiones, atribuyendo a esta circunstancia el hecho de su despido. Además, acusa a Juan Francisco Figueroa de “injurias y comentarios despectivos realizados a terceros, de relegación de funciones y de diversas presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la contratación de personal y con la construcción de la Piscina Cubierta”.
El ayuntamiento, mediante comunicado, ha transmitido su sorpresa ante “la estrategia defensiva inmoral de recurrir a lo que se considera un conjunto de falsedades para intentar justificar lo injustificable”. El funcionario que ha presentado esta querella es precisamente la Técnico de la Administración General, cuya plaza ha sido declarada inconstitucional y que se encuentra en estos momentos imputada, junto con el ex alcalde Jesús Sainz, por presuntas irregularidades en la convocatoria y bases de su plaza de funcionaria. Según el gobierno municipal “claramente orientada para que la ganara”.
El ayuntamiento recuerda la prueba de la resolución de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, que tal y como le contamos en SER Madrid Norte, resuelve por unanimidad la inconstitucionalidad de la plaza de TAG al existir una reserva encubierta “ad personam”. Esa misma resolución soporta la querella admitida a trámite contra el ex alcalde, Jesús Sainz y también contra esta funcionaria por Prevaricación Administrativa, pendiente de un recurso de reforma para que se archive.
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