Los afectados requieren la completa ejecución del auto que obligaba a reducir a la mitad los vuelos sobre sus viviendas y piden la revocación del auto del 22 de abril. Además, reclaman la imposición de multas a los funcionarios encargados, la identificación de otros responsables, el testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal y la “ejecución comisarial” de la sentencia del Supremo del 13 de octubre. Una sentencia que ratificaba la vulneración del derecho a la intimidad domiciliaria de estos vecinos y ordenaba la adopción de medidas precisas.
De esta forma, los vecinos de Santo Domingo siguen su lucha contra el ruido de los aviones.
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