Amalia y Joaquín y sus cuatro hijos viven desde hace 9 años en una vivienda de alquiler social del IVIMA en la avenida Pablo Iglesias de Alcobendas. Él de 76 años está cobrando una pensión no contributiva de menos de cuatrocientos euros al mes y ella de 61 años percibe el desempleo acumulado por un trabajo a media jornada. En total, esta familia afirma tener unos ingresos que no superan los 700 euros al mes.
Los dos primeros años pagaron un alquiler reducido por su situación económica de 50 euros al mes. En el 2005 les comunican una actualización de la renta y les incrementan el pago hasta los 400 euros al mes.
Al quejarse ante el IVIMA por esta importante subida se les indica que soliciten una reducción de la renta acreditando su difícil situación económica. Mientras intentan gestionar este trámite dejan de pagar las cuotas de alquiler y la Comunidad de Madrid les denuncia por impago. Según Joaquín y Amalia no les citan para el juicio ni se les notifica la sentencia en contra. Dicen sentirse engañados continuamente por la administración regional.
En Diciembre de 2009 el IVIMA ya cuenta con la sentencia judicial para rescindir el contrato, a pesar de ello el instituto público les da un nuevo plazo hasta final de 2010 para regularizar su situación.
Desde el IVIMA se indica que han acumulado cinco años de impagos y que tras darles todas las facilidades posibles han incumplido planes de refinanciación y compromisos de pago.
La Comunidad de Madrid insiste en que actualmente hay más de 23.500 familias en el parque público del IVIMA que a pesar de sus situaciones económicas y sociales complicadas afrontan el pago de sus rentas, algunas de ellas reducidas por la propia administración para posibilitar el que las afronten con sus ingresos económicos regulares.
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