El céntimo sanitario que se aplica en la Comunidad de Madrid desde 2002 por cada litro de carburante ha sido recientemente declarado de ilegal por la justicia europea. El Estado podría haber embolsado por este concepto 13.000 millones de euros y desde UPyD quieren que el ayuntamiento calcule el coste aportado por las arcas municipales y que se reclame.
La moción que presentarán en el próximo pleno municipal va un paso más allá proponiendo la creación de una oficina que asesore a vecinos y empresas de la ciudad sobre los pasos a seguir para reclamar la devolución de este impuesto.
El portavoz de UPyD en Alcobendas, Miguel Ángel Arranz insiste que la cantidad de dinero público que el Estado habría cobrado ilegalmente al ayuntamiento podría superar los 100.000 euros entre vehículos de seguridad, mantenimiento, colegios y centros públicos.
UPyD señala que aún no se sabe como se aplicará esta sentencia europea ni como se devolverá a los ciudadanos, empresas y al propio ayuntamiento el importe que durante más de diez años han tenido que pagar ilegalmente.
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