Recordemos que el Defensor del Pueblo realizó un duro informe sobre la gestión de estos centros en varias comunidades autónomas en el que recogía la utilización de un régimen disciplinario demasiado duro, el uso de celdas de aislamiento o un tratamiento de fármacos excesivo.
El Fiscal de Madrid, Manuel Moix ha afirmado por el contrario que nunca ha recibido queja ni denuncia de los educadores o internos del centro. Eso sí Moix y la Consejería han acordado medidas de control como que la propia fiscalía autorice los ingresos y reciba comunicación de los castigos que vayan a aplicarse. Para dar más garantías también han fijado la presencia en el centro de un funcionario de la consejería.
A la polémica se une ahora el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido que ha ordenado al fiscal jefe de Menores, Consuelo Madrigal que investigue la situación de centros de este tipo en toda España. Además, Madrigal va a proponer una reforma legislativa para marcar estándares mínimos en todo el país, una necesidad en la que coincidía el propio Defensor del Pueblo y las instituciones que gestionan estos centros.
No sabemos si lo que denunció el Defensor del Pueblo ocurría o no, ni con que intensidad y frecuencia, pero si que su informe ha provocado un debate necesario ya que las instituciones han tomado medidas para mejorar la atención a estos menores.
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