Según estos colectivos y partidos políticos de la oposición el ejecutivo local pretende recalificar los terrenos como solución al conflicto de El Tagarral, unos terrenos al norte de Soto de Viñuelas que consiguieron en el año 1987 un plan para urbanizarlos pero que después fueron calificados como protegidos y no urbanizables en el año 1991 por el ayuntamiento de Colmenar Viejo. Tres Cantos aún no existía como municipio independiente.
Los propietarios recurrieron ante los tribunales está decisión para en 2003 conseguir una sentencia favorable que condenó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos a indemnizarles con 42 millones de euros, con lo intereses la cifra estaría en 58 millones. En el año 2005, las constructoras Martinsa y Nozar compran la sentencia y los terrenos a la mayoría de los propietarios, quedando un 8,3% en manos de la familia Masaveu que solicita la ejecución de la sentencia.
Para estas organizaciones recalificar y construir más viviendas, teniendo en cuenta la cantidad de ellas vacías en otras zonas de Tres Cantos, “no tiene sentido”. Además, han denunciado el impacto medio ambiental que supondría destacando la presencia en la Zona de Especial Protección de Aves de nidos de águilas imperiales ibéricas que se alimentan en estos terrenos.
ARBA, Asamblea Popular 15M, la Asociación de Vecinos, PSOE, IU y Equo han insistido en que se debe llegar a un acuerdo entre las tres administraciones para asumir la sentencia y ha exigido al ejecutivo de Tres Cantos que habrá un debate público sobre las posibles soluciones.
Entre las propuestas de estos colectivos se encuentra la posibilidad de que la Comunidad de Madrid asumiera una permuta y que esos terrenos pasaran a ser públicos.
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