La mayoría de las 140 hectáreas totales de la finca pertenecen a dos constructoras, Nozar y Martinsa, ahora en suspensión de pagos. Los propietarios les vendieron sus tierras con el paso del tiempo y serían estas empresas las que deberían recibir los 42 millones de indemnización. Sin embargo, las posibilidades que se barajan ahora son múltiples. La primera pasa porque se recalifique el terreno como urbanizable y se negocie con estas entidades. La segunda es que sean los jueces los que dictaminen cómo se ejecuta la sentencia. Y la tercera es pagar entre Comunidad y ambos ayuntamientos el dinero estipulado. De momento, en el próximo pleno se abordará el asunto para decidir después cómo buscar la mejor solución.
Por tanto, el pleno del 29 de febrero se presenta como uno de los más interesantes de los últimos años en Tres Cantos.
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