El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó en su día que la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo pagasen 3,5 millones a una familia que posee 100.000 metros cuadrados de las 140 hectáreas totales. Unos terrenos urbanizables en los que no les dejaron construir en su día. Y todo, por declararlos protegidos hace 30 años. Entonces la decisión la tomó el alcalde de Colmenar Viejo pero la finca en cuestión está en Tres Cantos, hoy municipio independiente. El resto de propietarios decidió vender sus terrenos con el paso de las décadas a dos constructoras, Nozar y Martinsa que, ahora en concurso de acreedores, rechazan en principio cobrar otros 42 millones establecidos como indemnización. En su actual situación, ese dinero quedaría en manos de sus proveedores, así que lo más probable es que quieran que el suelo se recalifique.
Sin embargo, Izquierda Unida de Tres Cantos no quiere que la solución a este asunto pase por recalificar los terrenos. Insisten en que Comunidad y ayuntamiento de Tres Cantos y de Colmenar han de buscar una solución común. Apuntan a que la sentencia no obliga a recalificar los terrenos y que debe ser un juez quien dictamine cómo ejecutar la sentencia. A lo largo del día de hoy, los representantes del ayuntamiento de Tres Cantos mantienen una reunión que podría decidir cómo van a actuar en este asunto.
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