El juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Madrid ha anulado el acuerdo porque en él faltaba un requisito indispensable: no se fijaba el precio que la empresa concesionaria iba a pagar al Ayuntamiento.
La oposición, que ya había denunciado un posible caso de corrupción en la gestión urbanística de la zona, recurrió el convenio después de que se aprobase en pleno, en el año 2005. Miguel Aguado, portavoz del grupo socialista, considera que tanto el equipo de Gobierno de entonces como el de ahora sólo han tomado decisiones en favor de la constructora, y no de los vecinos y añade que la omisión no pudo deberse a un despiste.
Sobre este terreno, en el que está previsto construir 7.500 casas, las máquinas de FCC vienen trabajando desde junio de 2007 y, según el Consistorio, que recurrirá la sentencia, ha anunciado que por el momento las obras en la zona siguen en marcha.
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