La Asociación de Vecinos de Tres Cantos se opone frontalmente a la recalificación El Tagarral
La situación de la finca El Tagarral de Tres Cantos sigue estando en boca de todos. Aunque hoy es terreno de esta ciudad, hace 30 años pertenecía a Colmenar y en aquel entonces sus responsables políticos declararon la zona como suelo protegido no urbanizable. Hace dos años el Tribunal Superior de Justicia consideró que sí lo era y condenó a la Comunidad y a ambos consistorios a pagar una indemnización millonaria a sus propietarios por no haberles dejado construir. Ahora se barajan diversas soluciones para acatar la sentencia, aunque la más viable es la recalificación para evitar pagar un montante que a día de hoy asciende a 42 millones. Sin embargo, la Asociación de Vecinos de Tres Cantos se opone frontalmente.
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- 20/02/2012 a las 16:43
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La Asociación de Vecinos de Tres Cantos se opone frontalmente a la recalificación El Tagarral
Actualmente la finca El Tagarral es una zona de disfrute para todos los vecinos de Tres Cantos. Sin embargo, no es terreno público. La mayoría de sus 140 hectáreas pertenecen a dos constructoras, Nozar y Martinsa, ahora en suspensión de pagos. Los propietarios les vendieron sus tierras con el paso del tiempo y serían estas empresas las que deberían recibir la indemnización estipulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, las soluciones al problema que se barajan son tres: recalificar el terreno como urbanizable, que sean los jueces los que dictaminen cómo se ejecuta la sentencia, o pagar entre Comunidad y ambos ayuntamientos el dinero estipulado. El próximo pleno municipal abordará el asunto, aunque lo más probable es que finalmente se recalifiquen los terrenos. Algo a lo que se opone frontalmente la Asociación de Vecinos de Tres Cantos
La Asociación de Vecinos de Tres Cantos considera que el problema lo deben abordar las 3 administraciones implicadas y principalmente la Comunidad. Además, acusan a éstas de permitir una “escandalosa” acumulación de interesas y de ocultar la realidad a los vecinos. Consideran que una recalificación supone un grave perjuicio al medioambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos.
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