En el año 2007, la promotora urbanística Sotohenar compró unas parcelas municipales al Ayuntamiento de Alcobendas, gobernado entonces por el PSOE, por un valor de 25 millones de euros. En 2009, el consistorio gobernado ya por el PP recompró por el mismo dinero los terrenos al estar la empresa en riesgo de suspensión de pagos. El incumplimiento de sus obligaciones financieras iba a dar lugar a la ejecución de la hipoteca de la parcela por parte de los bancos.
La decisión del equipo de gobierno del PP se fundamentó en no arriesgar el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, los tres concejales del PSOE presentaron una querella contra Ignacio García de Vinuesa por prevaricación, malversación de fondos públicos, y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Consideraban que solo debieron de pagarse 13 millones por la recompra y que no se hizo caso a los informes técnicos.
En junio de este año, el Juzgado número 2 de Alcobendas daba a conocer el auto en el que se indica que “no se acredita que el alcalde tenga ninguna relación con la empresa Sotohenar” y dice textualmente que “excluye dicha conducta como delictiva.” Destaca que Ignacio García de Vinuesa adquirió una situación “ya heredada” y que la decisión adoptada se basó en “intentar mantener los bienes dentro del dominio público y evitar que fueran adquiridos por terceros”.
A pesar de este auto tan contundente, los socialistas volvieron a recurrir y es ahora cuando la justicia ha ratificado que la causa se debe archivar.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa ha pedido a la oposición “que busque las líneas de trabajo necesarias para al ciudad en vez de seguir incomprensiblemente insistiendo en perjudicarme a mí y a la ciudad utilizando la justicia”.
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