La campaña está impulsada por la Comunidad de Madrid y se extenderá a otros 14 municipios con 90 inspecciones. El objetivo es asegurar un correcto funcionamiento en los centros y el cumplimiento por parte de estos de los derechos de los consumidores.
Se centrará ante todo en la publicidad que realizan y la información que ofrecen al público. La fórmula de pagos aplazados o la financiación de los cursos serán algunos de los puntos básicos de este estudio.
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