La polémica se inició cuando el gobierno municipal decidió modificar los márgenes económicos de acceso a las viviendas de alquiler de las calles Carlos Muñoz Ruiz y de Miguel de Cervantes. El gobierno informó de que está medida pretendía no dejar fuera a familias que aún con rentas pequeñas se quedaban fuera de las viviendas que ocupan desde hace años.
Según los socialistas tras las presiones vecinales, el gobierno municipal se ha visto obligado a cambiar el reglamento de EMVIALSA aunque lamentan que no se acojan a la ley que aplica el gobierno regional que no marca mínimos de renta sino un máximo en 5,5 del IPREM. El portavoz del PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera insiste en la necesidad de que el reglamento se adecue a las realidades sociales de la ciudad y los nuevos modelos de familia.
Sánchez Acera asegura que el acalde ha amenazado con desahuciar de sus viviendas a aquellos vecinos que se están quejando por estas modificaciones.
Desde el equipo de gobierno se acusa al PSOE de manipular absolutamente este tema. Explica el concejal de Vivienda, Ramón Cubian que el equipo de gobierno se comprometió en una reunión con los inquilinos a aumentar la renovación de contrato hasta cinco años y que ninguno que cumpla las condiciones iniciales de estas viviendas protegidas será desahuciado. Un compromiso que se llevará al pleno municipal.
Cubian insiste en que las más de 40 solicitudes de prorroga de contrato que han llegado a EMVIALSA hasta el momento se han confirmado por cumplir todos los requisitos. Reconoce el edil que la carta de renovación que se envió en el mes de agosto a los inquilinos afectados por esta modificación de reglamento fue muy fría y provocó una inquietud que sumada a la manipulación del Partido Socialista, afirma Cubian, ha provocado esta polémica en la ciudad.
Algunos de los arrendatarios iniciaron una campaña de información con recogida de firmas y despliegue de pancartas protestando por la situación. Incluso estos vecinos amenazaron con protestas y concentraciones si el gobierno municipal no aprobaba en el pleno municipal sus reivindicaciones.
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