Cataluña y Comunidad Valenciana ya han anunciado que las familias pagarán, en concepto de uso de instalaciones y de supervisión, si sus hijos llevan al colegio la comida de casa. La Comunidad de Madrid no ha marcado si se debe o no cobrar y lo deja en manos de los consejos escolares que deberán determinarlo antes del inicio del curso. La Consejería de Educación si que ha dejado claro que no mandará dinero extraordinario para incrementar la supervisión en los comedores ni para comprar microondas y frigoríficos.
Las asociaciones de padres y madres dan por hecho que en los colegios donde se autorice el uso de tartera tendrá que hacerse una inversión que finalmente tendrán que sufragar los padres.
El presidente de la AMPA del CEIP Buero Vallejo de San Sebastián de los Reyes, Juan Torres insiste en que los recursos de los colegios son muy limitados pero que además aún no saben como se van a resolver los problemas que se generarán en salud y conservación de los alimentos. Para Torres se está produciendo un gran retroceso en la educación pública cuando se siguen manteniendo privilegios en la privada.
Marianne Koefoed, presidenta de la FAPA de Alcobendas creen que es otra medida precipitada, con muchas cuestiones no resueltas y con una importante falta de información.
Responsables de los centros educativos y AMPAS siguen insistiendo en los problemas de organización que va a provocar esta medida, desde la dificultad para almacenar estos alimentos hasta la pérdida de calidad en la nutrición de los niños.
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