Esta labor la lleva a cabo un técnico de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, concretamente una Educadora Social, quien comprobará el cumplimiento de la medida judicial impuesta al menor, todo ello para favorecer una plena reinserción en su propio ámbito sociofamiliar. Para ello, el Ayuntamiento le dotará de los medios materiales necesarios, especialmente para la realización de informes periódicos y preceptivos que deben presentarse ante la Agencia del Menor Infractor. Por su parte, este organismo le proporcionará la formación y el apoyo necesarios para llevar a cabo su trabajo.
Este convenio de colaboración, que no supone ningún gasto para el Ayuntamiento, pone de manifiesto el compromiso para lograr, con la ayuda de todos, la plena reinserción social de aquellos menores que han tenido problemas con la justicia.
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